POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- El Canciller Roberto Álvarez ha vuelto a escribir en Listín Diario insistiendo en su fallido intento de desacreditar la actual Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, del año 2003.
El Canciller trata de engañar y confundir a la opinión pública, queriendo decir que dicha ley es vieja y arcaica. Silencia adrede que esa ley es consecuencia del convenio ONU-Palermo del año 2000 contra la trata de personas. Al leer y releer el último artículo, no encontré una sola crítica válida a la ley actual que amerite ser cambiada.
El Canciller habla que se necesitan más recursos y nuevos procedimientos en el combate a la trata de personas, lo que evidentemente no necesita un cambio de ley. Basta fortalecer con recursos la unidad de PGR y crear procedimientos en la protección a las víctimas, acorde a lo que establece la ley actual y el convenio Palermo.
El interés real del Canciller es establecer por ley en República Dominicana el principio de no repatriación de víctimas de trata de personas, de forma tal de impedir deportaciones de niños y mujeres embarazadas haitianas en RD, que conforme a la definición del proyecto de ley que propone el Canciller serían víctimas de trata y no migración ilegal.
El Canciller insiste en que el principio de no repatriación de víctimas de trata, ya existe. Miente descaradamente y busca mover a error al propio presidente Luis Abinader.
El Tratado de Palermo, ratificado por el país, tiene rango constitucional. El artículo 8 de ese acuerdo internacional es claro y preciso en el poder de los Estados suscribientes de repatriar víctimas de trata y al Estado de donde provienen recibirlas sin dilaciones injustificadas.
Ese es el principio vigente en República Dominicana, lo que no impide a nuestro Estado a hacer uso de su discrecionalidad de repatriación de víctimas de trata de casos particulares, sobre todo, si al repatriarlos puede poner en riesgo su vida.
El Canciller quiere invertir el principio establecido taxativamente en el Acuerdo Palermo para hacer obligatorio la no repatriación de víctimas de trata, con la que República Dominicana ataría sus manos para repatriar ilegales haitianos, beneficiando de entrada a todos sus niños y mujeres embarazadas, sin contar con que trabajadores cañeros de ingenios azucareros pudieran alegar son víctimas de trabajos forzados, acusaciones que ya se han hecho en EU y que provocaron injustas sanciones contra el Central Romana.
Creo que insistir en el mamotreto de proyecto ley de Cancillería y reintroducirlo al Congreso crearía un daño político irreversible contra el presidente Abinader, que debe desoír al Canciller en sus inadmisibles argumentos.
